El regulador gubernamental mexicano de los casinos es acusado de extorsión

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Desafortunadamente, las ‘mordidas’ o extorsiones en México son una realidad que viven tanto los ciudadanos de a pie (cada día se documentan decenas de casos de policías corruptos), como las pequeñas y grandes empresas.

Ahora, el foco se ha centrado en los funcionarios dependientes de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), ya que, según El Financiero, ciertos trabajadores de este organismo han solicitado sobornos a los operadores de casino para no revocar licencias o para ‘hacer la vista gorda’ con ciertos requisitos.

Este tipo de extorsión es muy grave porque, según fuentes de El Financiero, el monto de las extorsiones solicitadas ha podido llegar hasta el millón de dólares (unos 20 millones de pesos). Entre los casinos afectados han salido a la luz operadores tan populares como El Palacio de los Números, Hipódromo de Las Américas, Apuestas Internacionales y Pur Umazal Tov, entre otros.

La Dirección General de Juegos y Sorteos asegura que perseguirá a los responsables

Desde la Dirección General de Juegos y Sorteos se ha asegurado que se va a investigar estas acusaciones y de contrastarse su veracidad, además de expulsar del organismo regulador a estas personas corruptas, también se les aplicará todo el peso de la ley.

Esta situación es bastante grave y de hecho se rumorea que ya ha habido un operador que se quedó sin su licencia de juego en México. En concreto se trata de Big Bola. Este operador cerró sus puertas sin motivo aparente en 2021, algo que sorprendió a su clientela. Y ahora se puede adivinar la razón si realmente se confirman las sospechas de extorsión contra los funcionarios de la DGJS. La buena noticia es que recientemente esta empresa ha vuelto a ofrecer sus servicios y productos a su clientela.

La industria del juego en México ha sido una de las que más ha sufrido las consecuencias provocadas por la pandemia del Covid-19. El gobierno impuso diferentes restricciones en las operaciones de este sector y muchos operadores apenas han podido sobrevivir durante los últimos dos años. De hecho, un buen número de casinos físicos han tenido que finalizar sus operaciones en el país al no poder contar con los ingresos necesarios para seguir siendo rentable.

Los casinos online se salvan de las extorsiones

Por ahora, no se ha notificado ningún caso de posible extorsión en las plataformas en línea que ofrecen productos relacionados con los juegos de casino y las apuestas deportivas.

El motivo puede ser bastante evidente. Como en la mayoría de las ocasiones la comunicación entre los funcionarios de la Dirección General de Juegos y Sorteos queda registrada en correos electrónicos y/o en plataformas digitales, estos funcionarios corruptos no lo tienen tan fácil para seguir actuando en contra de la ley.

La sociedad mexicana es la gran afectada

Hay que recordar que los verdaderos afectados de toda esta situación de extorsión en los casinos mexicanos es la población en general. Los trabajadores de la DGJS son los encargados de que las licencias se ofrezcan y aprueben cuando los operadores cumplan con todos los requisitos que impone la legislación vigente.

Pero si esto no es así porque se ‘flexibilizan’ los requisitos a golpe de extorsiones, entonces los jugadores mexicanos no podrán tener la seguridad de estar jugando en un lugar de confianza.

Además, si los operadores se ven obligados a cerrar sus instalaciones por su negativa a ceder a las imposiciones de estos funcionarios corruptos, todos los ingresos de los impuestos generados por sus actividades se perderán.

La extorsión a cambio de licencias no es el camino a seguir

Los expertos en este sector indican que estas extorsiones pueden posicionar a México a la cola de la región a la hora de recibir inversiones internacionales. Por ejemplo, si un operador extranjero está pensando en introducirse en el mercado mexicano de los juegos de azar, pero sospecha que para legalizar sus operaciones tendrá que ceder a la voluntad de las exigencias y extorsiones de los trabajadores mexicanos, probablemente decidirá instalarse en otro país que le ofrezca mayor seguridad.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todavía no ha hecho ninguna declaración pública sobre las repercusiones nacionales e internacionales que puede tener esta situación si realmente se confirman las sospechas de extorsión. Pero lo que es seguro es que a día de hoy, los 45,000 empleos directos y los más de 125,000 empleos indirectos que generan esta industria, están en peligro. Algo que la sociedad mexicana no se puede permitir, especialmente después de la crisis económica en el país provocada por el Covid-19.

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